La efeméride constituye una ocasión oportuna para llamar la atención sobre una importante anomalía en su gestión: no existe acceso público a la identidad de los galardonados.
Fernando García-Mercadal
24/06/2026.
Hace hoy cien años que el Rey Alfonso XIII rubricó el real decreto por el que se creaba la Orden del Mérito Civil, destinada a reconocer los méritos «de carácter general de los ciudadanos y funcionarios que aportan al servicio del Estado de un modo relevante sus esfuerzos, iniciativas y constancias». Con esta disposición nacía al mundo del Derecho una de las principales condecoraciones civiles españolas, considerada la cuarta más relevante, si atendemos a criterios de antigüedad y prestigio, tras la Insigne Orden del Toisón de Oro (1430) y las Reales Órdenes de Carlos III (1771) e Isabel la Católica (1815). Conviene destacar que estas cuatro órdenes comparten una característica singular: premian trayectorias y merecimientos no específicos y Su Majestad el Rey ostenta la dignidad de Gran Maestre de todas ellas. En consecuencia, las concesiones se otorgan en su nombre y los correspondientes títulos deben ser refrendados mediante su firma o estampilla. Esta particularidad las distingue del resto de las condecoraciones llamadas ministeriales cuyo fin es reconocer actuaciones o logros sectoriales vinculados a los ámbitos concretos de un departamento, como son, por ejemplo, la Orden Civil de Sanidad o la Medalla al Mérito en el Trabajo.
A lo largo de sus cien años de existencia, la Orden del Mérito Civil ha sido conferida en sus distintos grados a cerca de setenta mil personas, tanto españolas como extranjeras, hombres y mujeres, incluidas algunas a título póstumo. A esta cifra hay que añadir unos pocos centenares de entidades, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, ya que, desde la entrada en vigor de su vigente Reglamento de 1998, las personas jurídicas también pueden ser premiadas con la Orden, para las que están reservadas las corbatas y placas de honor.
Resulta imposible condensar en unas pocas líneas la amplísima variedad de perfiles sociales y profesionales de las personas distinguidas con la Orden del Mérito Civil durante su dilatada historia. Entre sus miembros figuran dinastas, jefes de Estado, presidentes de Gobierno, altos dignatarios, diplomáticos, autoridades y máximos responsables de la Administración, así como destacadas personalidades de la política, la cultura, las artes, la universidad, el deporte, la empresa y la industria. Algunos de ellos gozan de gran notoriedad pública, mientras que otros permanecen en un plano más discreto. Junto a estas figuras sobresalientes, la Orden ha reconocido también a personas anónimas, funcionarios y profesionales de condición más modesta, cuya contribución resulta igualmente valiosa. Y es que, a diferencia de una mera condecoración, lo que caracteriza a una Orden es constituir un selecto club de agraciados en el que la relevancia no viene determinada tanto por el grado o categoría recibidos como por la pertenencia a una misma corporación honorífica y el reconocimiento común de unos méritos compartidos.
Admitida la madurez institucional y la plena consolidación de la Orden del Mérito Civil dentro del sistema premial español, la efeméride que conmemoramos constituye una ocasión especialmente oportuna para llamar la atención sobre una importante anomalía en su gestión que viene arrastrándose desde hace décadas. Esta disfunción, lejos de circunscribirse exclusivamente a esta Orden, pueden considerarse representativa de una problemática más amplia que ha caracterizado, en mayor o menor medida, la política de concesión de honores y distinciones seguida por nuestras autoridades desde los inicios de la Transición. Nos referimos al hecho de que en España no existe acceso público a la identidad de los cientos de compatriotas y ciudadanos extranjeros que cada año reciben alguna de las distinciones concedidas, a menudo de forma poco coordinada, por las distintas instancias oficiales ni, lo que resulta más preocupante, las razones que justifican su otorgamiento.
Esta falta de transparencia alcanza a los galardonados con la Orden del Mérito Civil, cuya cancillería radica en el Ministerio de Asuntos Exteriores. En contraste, la práctica totalidad de los países europeos, sean monarquías, como el Reino Unido, Dinamarca o Suecia, o repúblicas, como Francia, Alemania, Portugal e Italia, mantienen permanentemente actualizada en la página web de la jefatura del Estado (no de la presidencia del gobierno) un elenco o repertorio completo de las personas condecoradas, garantizando así la libre consulta de esta información.
Ahora mismo, únicamente se dan a conocer en el Boletín Oficial del Estado los condecorados con los grados del collar y las grandes cruces, y categorías asimiladas, es decir aquellas distinciones cuya concesión se adopta mediante el ropaje de un real decreto en el seno del Consejo de Ministros. El resto de las personas honradas con los grados inferiores de las distintas órdenes y con las medallas departamentales no son publicitadas de ninguna manera, dejando a salvo los beneficiados con la Orden de San Raimundo de Peñafort que se publican en el Boletín del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
La publicidad constituye un requisito esencial de toda política premial, pues la función ejemplarizante de las conductas distinguidas sólo puede cumplirse si estas son adecuadamente difundidas y conocidas por la sociedad. Por ello, todas las órdenes y condecoraciones civiles otorgadas en nombre de Su Majestad el Rey deberían publicarse en el Boletín Oficial del Estado y anotarse posteriormente en un registro público de libre acceso. Solo así adquiere pleno sentido la idea formulada por el gran jurista turinés Norberto Bobbio (1909-2004), según la cual el derecho no debe agotarse en su dimensión sancionadora o represiva, sino que ha de asumir también una función promocional mediante el reconocimiento, los premios y los incentivos.
En este contexto, la transparencia en el ejercicio de la potestad premial de los poderes públicos se revela como una exigencia inherente a la buena gobernanza democrática, en la medida en que contribuye a prevenir prácticas corruptas y fortalece la calidad y legitimidad de las instituciones.
Fernando García-Mercadal
es director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
